El Banco Provincia, uno de los motores de la campaña presidencial de Daniel Scioli, está en la mira por un millonario escándalo con un fideicomiso de viviendas que se gestó en la gestión de Guillermo Francos, el antecesor de Gustavo Marangoni, actual presidente de la entidad.

El caso que preocupa a Daniel Scioli es el del fideicomiso “Estrella del Sur”, conformado en abril de 2009 con el objetivo de construir 924 departamentos en Avellaneda. La entidad intervino a través de Bapro Mandatos, su empresa especializada en la administración de fideicomisos.

Bapro Mandatos tenía la responsabilidad de contratar el auditor de obra, el auditor contable y el auditor impositivo, mientras que las firmas Círculo Inmobiliario Emprendimientos SA (Ciesa) y BAINTER Inversiones Inmobiliarias, las otras partes del fideicomiso junto a los inversores, eran las encargadas de la ejecución del proyecto.

A casi cinco años y medio de la conformación del fideicomiso, la obra está paralizada y los departamentos lejos de terminarse, con unos costos muchísimo más altos que los originales. Los vecinos denuncian una estafa por parte de las firmas encargadas del proyecto y responsabilizan por eso a Bapro Mandatos por no haber cumplido con su rol de auditor.

Lo cierto que es el fideicomiso nació con problemas que nunca se atacaron y derivaron en la inevitable paralización. La obra comenzó en enero de 2010 con una subestimación presupuestaria de 22,8 por ciento: costo real en ese momento era de 232 millones de pesos y el presupuestado fue de 179 millones. Los damnificados denuncian que desde el primer día Ciesa y Bainter les advirtieron que la cuota no alcanzaba.

Actualmente, y de acuerdo a un informe de la UTN de julio de 2014, el proyecto presenta un desfasaje financiero originado por la diferencia entre un porcentaje de avance físico de la obra de 43 por ciento y los aportes previstos originalmente, que los adquirientes cumplieron en tiempo y forma. Pero, además, el fideicomiso contemplaba un mecanismo de actualización de las cuotas una vez que se entregaban las viviendas, pensado para que cubrir el valor total. Es decir que la paralización no es justificable salvo por la falta total de controles.

Un dato ineludible es que a partir de la inflación y el fenomenal aumento de los costos de la construcción (además de los errores de cálculo originales), el valor actual de la obra sería de entre 850 y 1.000 millones de pesos. Pero los damnificados estiman que igualmente, los administradores de la obra deberían tener al menos construido el 65 por ciento.

“A pesar de que los adherentes pusimos unos 50 millones de dólares, está avanzada en un 40 por ciento, según las auditorías de obra que hemos ido consiguiendo. Fue una obra que fue vendida en su momento a 700 dólares el metro cuadrado y hoy tendríamos que tener construido un 80 por ciento de la obra”, explicó semanas atrás Juan Carlos Barbeira, uno de los damnificados.

El actual presidente de Bapro Mandatos es Juan Martín Repetto, pero el responsable del armado del fideicomiso “Estrella del Sur” fue Lisandro Catalán, que ocupaba ese cargo. Se trata de un hombre que respondía a Guillermo Francos, pero que sobrevivió a su salida y se recicló como director de Provincia Seguros.

Catalán y Francos también son señalados por otros casos de fideicomisos de viviendas como el “Sucre” de San Isidro, constituido para la construcción de 177 viviendas. El desarrollador de ese emprendimiento, Cristian Furcada, terminó procesado por estafas.

Sin embargo, los damnificados apuntan a las actuales autoridades del Banco y la Provincia, a las que piden que de alguna manera se concrete el proyecto. “Bapro tenía que velar por el Fideicomiso y no lo hizo antes ni ahora, ni ellos ni ningún estamento del gobierno provincial quiere hacerse cargo de los errores que cometieron y nos llevaron a esta situación”, denunciaron en la última protesta.

Los damnificados creen que una eventual salida de Bapro Mandatos de su rol de fiduciario sería catastrófica para los adherentes ya que es la única garantía institucional de la continuidad de la obra, a menos que aparezca otro actor como Anses -a través de Procrear- o el Instituto de Vivienda de la Provincia.